Organizado por la Fundación INGEMA y la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Universidad del País Vasco (EUEE) se celebró el debate: ¿Qué va a suponer la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y la ley de servicios sociales en el País Vasco? Implicaciones Prácticas. Una mesa redonda organizada como acto inaugural de la segunda promoción del Curso de Especialista en Dirección y Gestión de Centros Gerontológicos y Socio-sanitarios, el único título de postgrado en esta materia, que existe en estos momentos en el País Vasco. Este curso está organizado por la EUEE en colaboración con Fundación Matia y su Instituto de investigación, INGEMA.



En la mesa redonda participaron Fernando Consuegra, Viceconsejero de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, Ramón Jáuregui, Director General de Planificación y Gestión de Recursos Sociales del Departamento para la Política Social y Fernando Fantova, consultor sobre política, gestión e intervención social del sector de la consultoría social, un debate moderado por Francisco Javier Leturia, director de servicios sociales de Fundación Matia y director del área del conocimiento de INGEMA.



La ley de Dependencia entrará en vigor el 1 de enero de 2007, y por este motivo, son muchas las incógnitas que las administraciones vascas tienen respecto a su aplicación. Fernando Consuegra, Viceconsejero de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, destacó “el momento histórico en el que vivimos, con múltiples agentes y niveles intervenientes en el proceso iniciado desde el fenómeno de la demanda en el reconocimiento, por fin, de este derecho subjetivo”. A su vez añadió “la prioridad de establecer unos mínimos de equidad, o de otra manera, no sería soportable la situación, para lo que hace falta coordinarse para estructurar y vertebrar legalmente este derecho”.




El viceconsejero añadió que ”existe una verdadera necesidad de desarrollo normativo del conjunto del sistema, no sólo de la dependencia, sino también de la discapacidad, la protección de la infancia, y la exclusión. Hay que elaborar el catálogo y la cartera de prestaciones mínimas de la futura Ley de Servicios Sociales del País Vasco. Reconociendo que efectivamente hay razones históricas en las diferencias territoriales”. A este respecto matizaba que hay que resolver y clarificar competencias, serían vigilantes en cuanto al desarrollo de la Ley y saber cuales son los mínimos de responsabilidad pública . Como aspectos positivos manifestó su “esperanza de que se interconexionen los sistemas sociales a nivel interterritorial con un mínimo que no genere déficit en la CAV.”



Por su parte Ramón Jáuregui, Director General de Planificación y Gestión de Recursos Sociales del Departamento para la Política Social de la Diputación de Gipuzkoa, defendía la posición de la Diputación que aplicará la ley a pesar de que la considera “centralista, muy intervensionista y con un compromiso financiero mínimo e insuficiente que está generando una inflación de expectativas, que como no se informe bien va a generar una frustración”. En su opinión “los servicios sociales, al igual que la sanidad o la educación, debería haberse integrado en la seguridad social.

Comentó, a su vez, que el plazo de desarrollo de la Ley, con una duración de 9 años, hasta el 2015, “es excesivamente largo y de ritmo lento. En donde se atenderá en primera instancia a los casos más graves, esto es, por prioridad de la gravedad de las necesidades, dando a entender que determinadas niveles de dependencias no se verán atendidas hasta su turno de prioridad.”


Otra de las carencias, según Jáuregui, “es que es una Ley de carácter Universal pero de efectos limitados, en la que se establece un Catálogo de Servicios más reducido que lo ofertado ahora mismo por la Diputación Foral de Gipuzkoa. Si no se toma en cuenta la diversidad territorial entre las CCAA respecto a los niveles de vida o coste plaza, puede suponer un sobrecoste, esto es, una mayor carga a nuestra CA” .