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San Sebastián
(España) |
7 de Noviembre de 2006 |
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El debate sobre la futura ley de dependencia en
el País Vasco inaugura el Curso de Especialista en Dirección y
Gestión de Centros Gerontológicos y Socio-Sanitarios. |
Organizado por la Fundación INGEMA y la Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales de la Universidad del País Vasco
(EUEE) se celebró el debate: ¿Qué va a suponer la ley de promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia
y la ley de servicios sociales en el País Vasco? Implicaciones
Prácticas. Una mesa redonda organizada como acto inaugural de la segunda
promoción del Curso de Especialista en Dirección y Gestión de Centros
Gerontológicos y Socio-sanitarios, el único título de postgrado en esta
materia, que existe en estos momentos en el País Vasco. Este curso está
organizado por la EUEE en colaboración con Fundación Matia y su
Instituto de investigación, INGEMA.
En la mesa redonda participaron Fernando Consuegra, Viceconsejero de
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, Ramón Jáuregui, Director General de
Planificación y Gestión de Recursos Sociales del Departamento para la
Política Social y Fernando Fantova, consultor sobre política, gestión e
intervención social del sector de la consultoría social, un debate
moderado por Francisco Javier Leturia, director de servicios sociales de
Fundación Matia y director del área del conocimiento de INGEMA.
La ley de Dependencia entrará en vigor el 1 de enero de 2007, y por este
motivo, son muchas las incógnitas que las administraciones vascas tienen
respecto a su aplicación. Fernando Consuegra, Viceconsejero de Asuntos
Sociales del Gobierno Vasco, destacó “el momento histórico en el que
vivimos, con múltiples agentes y niveles intervenientes en el proceso
iniciado desde el fenómeno de la demanda en el reconocimiento, por fin,
de este derecho subjetivo”. A su vez añadió “la prioridad de establecer
unos mínimos de equidad, o de otra manera, no sería soportable la
situación, para lo que hace falta coordinarse para estructurar y
vertebrar legalmente este derecho”.
El viceconsejero añadió que ”existe una verdadera necesidad de
desarrollo normativo del conjunto del sistema, no sólo de la
dependencia, sino también de la discapacidad, la protección de la
infancia, y la exclusión. Hay que elaborar el catálogo y la cartera de
prestaciones mínimas de la futura Ley de Servicios Sociales del País
Vasco. Reconociendo que efectivamente hay razones históricas en las
diferencias territoriales”. A este respecto matizaba que hay que
resolver y clarificar competencias, serían vigilantes en cuanto al
desarrollo de la Ley y saber cuales son los mínimos de responsabilidad
pública . Como aspectos positivos manifestó su “esperanza de que se
interconexionen los sistemas sociales a nivel interterritorial con un
mínimo que no genere déficit en la CAV.”
Por su parte Ramón Jáuregui, Director General de Planificación y Gestión
de Recursos Sociales del Departamento para la Política Social de la
Diputación de Gipuzkoa, defendía la posición de la Diputación que
aplicará la ley a pesar de que la considera “centralista, muy
intervensionista y con un compromiso financiero mínimo e insuficiente
que está generando una inflación de expectativas, que como no se informe
bien va a generar una frustración”. En su opinión “los servicios
sociales, al igual que la sanidad o la educación, debería haberse
integrado en la seguridad social.
Comentó, a su vez, que el plazo de desarrollo de la Ley, con una
duración de 9 años, hasta el 2015, “es excesivamente largo y de ritmo
lento. En donde se atenderá en primera instancia a los casos más graves,
esto es, por prioridad de la gravedad de las necesidades, dando a
entender que determinadas niveles de dependencias no se verán atendidas
hasta su turno de prioridad.”
Otra de las carencias, según Jáuregui, “es que es una Ley de carácter
Universal pero de efectos limitados, en la que se establece un Catálogo
de Servicios más reducido que lo ofertado ahora mismo por la Diputación
Foral de Gipuzkoa. Si no se toma en cuenta la diversidad territorial
entre las CCAA respecto a los niveles de vida o coste plaza, puede
suponer un sobrecoste, esto es, una mayor carga a nuestra CA” . |
