El XIII congreso de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), que bajo el lema de Tiempos para la Salud Pública se ha celebrado en Sevilla del 3 al 6 de marzo de 2009 y al que hemos asistido alrededor de 1.300 expertos y profesionales de los distintos ámbitos de la salud pública de toda España, se acuerda la siguiente DECLARACIÓN:

En el mundo en que vivimos, donde los determinantes de la salud son cada vez más globales, carecemos de suficientes mecanismos efectivos de protección en el ámbito mundial. Urge pues establecerlos, así como disponer de los procedimientos reguladores internacionales adecuados. Pedimos que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial del Comercio, tengan en cuenta la salud de la población a la hora de tomar sus decisiones. Asimismo conviene reformar y reforzar las agencias multilaterales responsables específicamente de salud, como la Organización Mundial de la Salud.

Las desigualdades en salud limitan el desarrollo social y las acciones de salud pública pueden reducirlas. Invertir en salud, educación y desarrollo de las mujeres es, por ejemplo, una forma de mejorar la salud de todas las personas, ya que ellas son las principalmente afectadas por la mayoría de los determinantes sociales como la pobreza, la precariedad en el empleo y la discriminación en el reparto del poder.


El cambio climático es una amenaza real para la salud de la humanidad, especialmente para las personas y los países más vulnerables, por lo que se requiere una respuesta inmediata. Exigimos del Gobierno de España, de los Gobiernos Autonómicos y de las Autoridades locales acciones efectivas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, cumpliendo con el protocolo de Kyoto y adoptando nuevos acuerdos internacionales en la misma dirección. Estas acciones deberían ir encaminadas a modificar el sistema energético y de transporte, la promoción de las energías renovables y de la movilidad sostenible; y no sólo permitirán reducir las emisiones de CO2, sino también de otros muchos contaminantes atmosféricos que hoy tienen impactos relevantes en nuestras ciudades. Exigimos de las empresas y entidades públicas y privadas actuaciones responsables para reducir sus propias emisiones, y llamamos a la ciudadanía a participar responsablemente en este esfuerzo colectivo. En la medida en que, además, son necesarias medidas de adaptación al cambio climático que ya se está produciendo, la salud debería estar en el centro de las políticas nacionales de adaptación así como en los programas de cooperación con los países más vulnerables.


Durante los últimos años se ha desarrollado un proceso descontrolado de urbanización, sin una ordenación territorial adecuada a las necesidades presentes y futuras de las personas. Así, la noción de ciudad saludable ha estado completamente ausente de los procesos urbanísticos desarrollados en los últimos años. Reclamamos por tanto de los responsables públicos la incorporación del valor salud en la planificación estratégica urbana de las futuras ciudades y pueblos.


La crisis económica y sistémica global que padecemos tiene un sensible impacto en la población, más brutal en las personas excluidas y con menos recursos. Requerimos que se refuercen las políticas sociales que disminuyan el impacto negativo sobre la población más afectada. La actual crisis tiene sus causas y sus responsables, de manera que no se debe persistir en los modelos de crecimiento y desarrollo depredadores e insostenibles. La crisis puede ser una oportunidad si aprendemos la lección y actuamos en consecuencia, cambiando las cosas. No es que no sea posible otro mundo, es que ahora mismo es imprescindible.


Llamamos la atención sobre la creciente medicalización de la vida cotidiana, debida al papel que juegan la industria de medicamentos y la de tecnologías sanitarias; pero también las administraciones sanitarias, los profesionales y servicios de salud. El crecimiento de los costes sanitarios, en parte debido a la demanda, también depende de la medicalización y del incremento exponencial de tecnologías sofisticadas y medicamentos de última generación que, en la mayor parte de las ocasiones, aportan escaso valor añadido. Particular preocupación suscita la magnitud alcanzada por los efectos adversos de la atención sanitaria, que se han convertido en un verdadero problema de salud pública.

Es necesario por tanto, acometer importantes transformaciones. En primer lugar, cambiar las reglas del juego en las relaciones entre la Administración Sanitaria y profesionales de salud (y sus instituciones y asociaciones) por un lado, y la industria por el otro.
En segundo lugar, redefinir las relaciones entre todos estos actores y la propia sociedad, especialmente en la necesaria participación en la toma de decisiones sobre la incorporación de nuevos servicios y tecnologías de salud, para evitar decisiones populistas en la ampliación de la cartera de servicios preventivos (sin un proceso independiente y pausado de evaluación previa de su impacto y de los costes de oportunidad), e impedir o por lo menos dificultar la propagación de creencias erróneas y falsas expectativas sobre el poder de los servicios sanitarios para prevenir cualquier riesgo o para “tratar” cualquier suceso vital.

Hay que reorientar nuestro sistema sanitario hacia la promoción de la salud y la participación comunitaria, fortaleciendo la Salud Pública. En ese sentido, debe replantearse la relación y coordinación entre los diferentes niveles asistenciales y la salud pública, especialmente los de atención primaria; así como mejorar la coordinación entre el Sistema Nacional de Salud y el de Seguridad Social. Asumiendo la responsabilidad que nos corresponde, proponemos una alianza estratégica entre las asociaciones ciudadanas, profesionales y científicas y los sistemas sanitarios que permita aprovechar la crisis para reorientar efectivamente las actuaciones sanitarias a las necesidades de la población, reduciendo de este modo la medicalización y la iatrogenia.


En nuestro natural europeo, la Salud Pública ocupa un lugar marginal en las agendas político-institucionales, y el abordaje intersectorial de los determinantes de la salud tiene todavía una escasa presencia. Por ello, debemos de estrechar nuestra relación con la European Public Health Association (EUPHA) y, conjuntamente, reclamar de las Instituciones y Gobiernos europeos un mayor compromiso con la Salud Pública y la estrategia de Salud en Todas las Políticas.



Por último, y sobre la base de la experiencia acumulada en los últimos años, donde están también los errores, apoyamos decididamente los movimientos de reforma y actualización de la Salud Pública iniciados en varias Comunidades Autónomas, así como el compromiso del Ministerio de Sanidad y Consumo de impulsar una nueva Ley de Salud Pública. Iniciativas de reforma y actualización que deben llevarse a cabo de manera transparente y participativa, contando con los profesionales, pero también con la ciudadanía y otros sectores y actores sociales. La participación de la sociedad, aún con las dificultades de articulación que implica, sigue siendo una asignatura pendiente entre nosotros; pero no podemos seguir pensando para las personas sino con ellas, reconociendo el derecho legítimo de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones que afectan a su salud.

Vivimos tiempos de crisis e incertidumbres, pero la crisis más amenazadora es la de no querer luchar para superarla. Ponemos nuestro conocimiento y nuestras habilidades al servicio de los cambios y transformaciones necesarias para hacer que todas las personas, en igualdad de oportunidades, puedan tener una vida más saludable.

¡¡¡Son Tiempos para la Salud Pública!!!

En Sevilla, a 6 de marzo de 2009