La drogadicción y la prevención

Moronell & asoc. Abogados.

Argentina

El mejor remedio contra la drogadicción es la prevención. El problema es mundial pero ello no quita su tremenda importancia debido a los males que causa en los consumidores, sobre todo en los menores que son fácil presa de este comercio multimillonario. Las causas que llevan a la droga son múltiples y podrán explicarlo mucho mejor psiquiatras y psicólogos, pero aunque abogado, es dable hacer presente que las causas normalmente se encuentran en la pobreza, los malos vínculos familiares (separaciones, divorcios, golpes, insultos, falta de trabajo, violencia, abusos, etc.). Es decir que la causa primera se encuentra en el núcleo central y primario del menor, que normalmente es la familia.

La segunda casa del menor es la escuela. En este ámbito suelen desarrollar su personalidad social y desenvolverse hacia las edades más avanzadas. El entorno importa muchísimo obviamente, pero hay que dejar aclarado dos puntos que son quizás la medula de la cuestión.         

Tanto en la familia como en la escuela debe haber por parte de padres y autoridades, una toma de conciencia del flagelo de la droga y los remedios al alcance para procurar su prevención o su posterior combate.

La droga es una sustancia toxica, que en el caso de la marihuana, cocaína y más fuertes, generan una fuerte adicción que puede llevar a la muerte, pasando por casos de alineación mental gravísimos que derivan en actos delictivos, violentos, desesperanzas, suicidios, etc. Si entendemos a la droga en esta dimensión habremos dado el primer paso en sentido favorable.

¿Quién debe dar este primer paso? Los padres o responsables del menor y la escuela a través de sus autoridades y maestros. Ello no se agota en el mero entendimiento del problema, sino que exige una preparación especial para dar trato adecuado al enfermo o a quien puede enfermarse. Conocer la gravedad y los síntomas primeros ayudan a prevenir este flagelo.

Bien es sabido que el aparato judicial puesto a disposición de este tema es insuficiente en cuanto a recursos y a resultados, aunque esto último no signifique indiferencia por parte de los responsables. Simplemente existe un sistema judicial que no ha podido solucionar el problema de los niños en peligro o ya enfermos. Aunque hoy ha comenzado a funcionar en varios partidos de la Provincia de Buenos Aires la ley de Protección de los Derechos del Niño, que da forma procedimental a los tratados de rango constitucional acerca de los Derechos del Niño y del Adolescente, existe falta de recursos por lo que sus resultados son aun solo pruebas piloto. Rige si la Ley de Patronato, que hace recaer sobre la Justicia de Menores una doble función jurisdiccional: el estudio de causas penales de menores y la asistencia a menores que llegan a los Tribunales por falta de recursos, por pedido de los padres o responsables por carencia de recursos, por adicciones, es decir, por falencias que debemos calificar de primarias y que se manifiestan brutalmente ante el Estado ausente.

La ley 22278 y la 22803 en el ámbito nacional, y las leyes 13298 y 13364 de la Provincia de Buenos Aires, que diseñan el Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil, derogan la Ley de Patronato, es decir, el sistema ya referido que obliga a un Juez de Menores a actuar como Juez y como guardián de menores, o sea, cumpliendo funciones judiciales propiamente y administrativas. Pero estas nuevas leyes se han postergado en su puesta en vigencia por falta de recursos, es decir, por carencia de la presencia de un Estado activo y preocupado en la problemática de la minoridad.

Sin entrar a considerar el aspecto penal del tema, mencionemos que los Jueces toman a su cargo a los niños desamparados (termino que debe usarse en sentido amplio, es decir, padres ausentes, padres sin medios, ambiente hostil, actitudes aberrantes, desamparo real, soledad, etc.) y con la ayuda de equipos interdisciplinarios termina generalmente derivándolos a centros de internación y/o tratamiento para su “mejoramiento”. Dable es decir que estos centros, sean estatales o privados con subsidios (contratados), normalmente carecen de las comodidades mínimas y de personal especializado, razón por la que no debería esperarse la regeneración del menor y su futura inserción útil en la sociedad. Además, y las noticias son de público y notorio conocimiento, son centros adonde no hay controles ni tareas reales de fortalecimiento del menor, y resultan en la mayoría de los casos lugares adonde la droga va y viene alegremente, y adonde los chicos salen y entran a su antojo.

Yo he recorrido varios centros de la provincia de Buenos Aires, y la falta de recursos, las incomodidades como humedad, colchones en el piso, hacinamiento de niños y jóvenes, suciedad, controles flexibles y falta de capacitación del personal, hacen imposible ser optimistas en el futuro de esta parte de la sociedad que sufre la abstinencia, la ausencia de su lugar núcleo y la carencia de un tratamiento acorde a su patología que de perspectivas de mejoramiento.

Los Jueces, que reciben periódicamente informes acerca de la situación de los niños que tutela, son proclives a prolongar las estadías ante la falta de avances en los tratamientos y la ausencia de núcleos afectivos a los que el menor pueda volver para ser contenido y sentirse querido.

Esta tutela judicial concluye con las nuevas leyes ya citadas, hoy aplicadas en varios municipios de la provincia. Ocurre que el niño, que fuera objeto de cuidado, pasa a ser sujeto que merece cuidado, destacándose algunas normas que hablan por fin de la necesidad de mantener a los menores en el núcleo familiar, y que la que debe ser protegida es la familia para que el menor pueda no desprenderse de ella. Es así como varios fallos acorde con la legislación última, han obligado al Estado a proveer a las familias de asistencia para la vida digna y vacantes escolares para los niños, pretendiendo así asegurar comida y educación. Esto es lo rescato como lo más saludable de la nueva legislación, la valoración de la familia, que como dije, es la primera barrera a las adicciones. Hoy puede la familia concurrir a la autoridad administrativa a requerir los medios básicos de subsistencia, quedando el camino judicial abierto ante la negativa o reticencia.

Hay hoy entonces dos órganos encargados del tema minoril: el judicial para cuando es necesario analizar conductas presumiblemente delictivas, y el administrativo (el Estado provincial y los municipios) para dar asistencia a las familias en pro del salvataje oportuno de los menores que corren riesgo de caer o están en estado de desamparo.

No es intención de este pequeño trabajo analizar el procedimiento del régimen penal juvenil ni del extenso articulado de las leyes nombradas, pero si hacer hincapié en que es ahora la misma ley la que habla de la familia y su protección, del derecho a reclamar y demandar a la autoridad administrativa por lo esencial para vivir dignamente, es decir, comida, educación y salud, supliendo en definitiva, la falta de políticas públicas de corte social que han faltado en el país desde hace larguísimos años. El Poder Legislativo ha terminado obligando al Estado a cantar presente en el tema tan sensible que nos toca, entendiendo que solo la falta de necesidades extremas puede crear un ambiente adonde un niño pueda desenvolverse normalmente.

Pero queda algo por resaltar: estos derechos de las familias (que deben ser analizadas cuidadosamente para no caer en el abuso de la petición) deben ser conocidos justamente por padres, responsables y los mismos menores, para lo cual es primordial formar equipos interdisciplinarios que se ocupen de difundir el mensaje, que representa un aliento importante a los sectores cadenciados. No olvidemos que una de las razones por la que los chicos llegan a los centros de internación es por decisión de sus mismas familias que no los pueden mantener.

En las escuelas habrá de procederse del mismo modo: preparación a directivos y cuerpos docentes sobre los síntomas de niños con problemas, conductas a adoptar con activa participación de las familias, caminos que pueden seguir legalmente, y a donde recurrir en casos extremos. Los gabinetes psicopedagógicos deben funcionar a pleno porque esa es la imposición legal y no es precisamente caprichosa.

Familia y escuela, síntomas, toma de conocimiento de los mismos y del flagelo de las adicciones, madurez para afrontar la situación y no ocultarla o disimularla, caminos alternativos o complementarios conforme las leyes para paliar situaciones extremas o difíciles, etc., llevarán a que las nuevas leyes puedan tener éxito.

Yo abogo por la formación de grupos de tareas que divulguen la problemática lo más ampliamente posible, porque si bien el Derecho de considera conocido por todos luego de su publicación, lo cierto es que todos sabemos que debe enseñarse puntualmente.

Formar grupos de médicos, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, abogados, que llevan las noticias a los centros primarios de desenvolvimiento de los menores: la familia y la escuela. Invito a comunicarse conmigo a quienes estén dispuestos a emprender esta tarea elemental para atacar el flagelo de las adicciones mediante la prevención que no podrá triunfar sin el conocimiento de la problemática y sus soluciones concretas o posibles.