Actualmente hay un gran debate en torno a la reforma que Alberto Ruiz Gallardón quiere aplicar sobre la actual legislación sobre el aborto la cual derogó el artículo 117 bis del Código Penal en la que se incluía la penalización del aborto desde el año 1985.
Aunque el ministro de Justicia asegura que ningún mujer irá a la cárcel por llevar a cabo un aborto, esto no la eximirá de ser llamada a declarar o que sea citada como testigo o imputada, como lo ya ocurrido en el famoso caso Isadora de 2007 en el que un total de veintiocho mujeres fueron llamadas a declarar tras la denuncia de una asociación ultra-religiosa a una clínica que presuntamente llevó a cabo abortos fuera de la legalidad.