Venezuela. Perfil de Salud

 

Yubiri Navas, Isania Machado, Dhileidy Hermoso, Mayra Obregón, Oscar Perichi, Dayana Araujo, Aleidy Acosta, Madeleyn Morón, Jorge Figueredo, Sahir Vargas, Mirtha Araujo, Johana Quintero, Jesús Hernández, Diego Moreno.

 

República Bolivariana de Venezuela. Ministerio de Educación Superior. Maracay, estado Aragua. Dr. José Luis Villegas. 1er año del M.I.C. Núcleo U.N.E.F.A.

 

 

(Capítulo de Salud, extraído de la monografía “Formación Ciudadana 2”).

 

 

Perfil de Salud.

 

Salud en el Desarrollo Humano.

 

La promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela –CRBV- en 1999, plantea al país la necesidad de adelantar un proceso de adecuación legislativa, institucional y de establecer nuevas estrategias para realizar los cambios necesarios.

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece las bases para desarrollar la naturaleza jurídica y el modelo organizativo del sector salud venezolano. El Artículo 83 establece que la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará. Con este propósito, en el Artículo 84 se ordena la creación de un sistema público nacional de salud, bajo la rectoría del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, el cual será de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad. En el Artículo 85 se dice que el financiamiento del sistema público nacional de salud es obligación del Estado. Finalmente el Artículo 86 establece que toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en diferentes contingencias. El marco legal establecido por la Carta Magna ha permitido la formulación de una propuesta de Ley Orgánica de Salud, pendiente de aprobación por la Asamblea Nacional, la cual recoge las orientaciones de política y establece las normas para su institucionalización.

 

En 1999 se fusiona el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social con el Ministerio de la Familia, creándose el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS), el cual es el órgano rector del sector salud. Tiene a su cargo la regulación, formulación, diseño, evaluación, control y seguimiento de las políticas, programas y planes de salud y desarrollo social; la integración de las fuentes de financiamiento y asignación de los recursos del Sistema Público Nacional de Salud; la atención integral de salud a todos los sectores de la población, en especial la de bajos recursos; y la promoción de la participación ciudadana. El Ministerio de Salud y Desarrollo Social se ha planteado como prioridad la reestructuración del nivel central, la aplicación de un modelo de atención integral a la población y la creación de un sistema público nacional de salud. Al mismo tiempo, se busca trascender la parte médica de la salud orientando las acciones en el ámbito nacional hacia el desarrollo social. El Plan Estratégico de Salud y Desarrollo Social (2000-2006) pretende garantizar la atención integral a la población, en particular a los grupos vulnerables en situación de riesgo, prevenir y controlar la morbilidad y mortalidad prevalente, y garantizar el funcionamiento eficiente, efectivo, eficaz, equitativo y solidario del sistema de servicios de salud y desarrollo social.

Sistemas y Servicios de Salud

 

En 1990 se inicia el proceso de descentralización de los servicios de salud del entonces Ministerio de Sanidad y Asistencia Social a los estados. Hasta la fecha se han descentralizado 17 entidades federales, restando los estados: Apure, Barinas, Cojedes, Guárico, Amazonas, Delta Amacuro y Vargas. El sistema de servicios de salud se caracteriza por una organización fragmentada y funcionamiento muy complejo, integrado por los subsectores público y privado y conformado por múltiples actores que cumplen las funciones de regulación, financiamiento, aseguramiento y provisión de servicios: Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS), Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación (IPASME), Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas (IPSFA), gobernaciones de estado, alcaldías y sector privado asegurador y prestador con y sin fines de lucro. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de Salud establecen instancias de coordinación intergubernamental que facilitaran la construcción del sistema político de salud.

 

Existen notorias insuficiencias en la cobertura de los servicios de salud; mientras amplios grupos de población carecen de acceso a los mismos o tienen un acceso muy restringido, algunos cuentan con múltiple cobertura de varios servicios. En 1997 la población con algún tipo de aseguramiento ascendió a 15.665.235 personas (65% de la población). El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es la institución con mayor cobertura, alcanzando un 57% del total de la población asegurada, entre titulares y beneficiarios. El Ministerio de Salud y Desarrollo Social y las entidades federales tienen la obligación de proteger a los grupos de población que no disponen de otro tipo de aseguramiento público (35%); no obstante, en la práctica, la red ambulatoria del Ministerio de Salud y Desarrollo Social atiende cerca del 80% de la población. Para el nivel primario de atención existen en el país 4.804 establecimientos ambulatorios públicos, de los cuales 4.605 (96%) pertenecen al Ministerio de Salud y Desarrollo Social. No se tiene información de la cantidad de ONGs que se dedican al nivel primario de atención ni de establecimientos ambulatorios privados. Los hospitales de la red de establecimientos públicos suman 296 (214 dependientes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social o de las gobernaciones, 33 del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, 13 del Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas, 3 de PDVSA, 29 de INAGER, 2 de la CVG, 1 de la alcaldía de Miranda y 1 de la Policía estatal de Caracas). El sector privado cuenta con 344 hospitales (315 instituciones lucrativas y 29 fundaciones benéficas). Para el año 2000 fueron censadas 40.675 camas en el ámbito público gubernamental, (17,6 camas por 10.000 habitantes), de éstas más del 50% se ubican entre el Distrito Capital y los estados más desarrollados.

 

La capacidad de resolución de la red es insuficiente, las listas de espera para cirugías y atención ambulatoria especializada son extensas y es frecuente la carencia o insuficiencia de algunos insumos esenciales para la atención de las personas. La red no cuenta con planes de mitigación y prevención de emergencias y desastres. Para dar respuesta a esta situación, se ha iniciado la implementación del nuevo modelo de atención integral de salud en el nivel ambulatorio.

 

La participación del gasto público en salud en el presupuesto nacional aumentó de 8,6% en 1995 a 11,6% en 2000. El gasto total en salud como porcentaje del PIB ha mantenido una tendencia oscilante desde 1995 cuando se ubicó en 2,6%, para descender en 1996 a 2,0%, ascender a 2,7% en 1997 y mantener este ascenso hasta el 2000 cuando se ubicó en 3,0%. Igual situación se observa para el gasto público per cápita, el cual se ubicaba en U.S.$ 34,1 en 1995, descendió a U.S.$ 23,8 en 1996 y ascendió a U.S.$ 62,2 en 2000. El gasto en salud del Gobierno Central como porcentaje del PIB, descendió de en 1995 a 0,8% en 1996 y ascendió a 1,3%en 1999. El gasto privado ha aumentado en mayor proporción que el público y representa para 1999 más del 50% del total (1,6% del PIB). El 6,6% del Presupuesto Fiscal de la Nación del 2001 le fue asignado al Ministerio de Salud y Desarrollo Social (US $ 2.108.150.100). De este monto, el 74% (US $ 1.560.031.000), se transfiere a organismos adscritos al Ministerio de Salud y Desarrollo Social y a los estados. La asignación per cápita osciló entre U.S. $ 76 (Apure) y U.S. $ 24 (Miranda), lo que evidencia el esfuerzo por privilegiar la equidad en el proceso. No obstante, el 70% del presupuesto se destina a la red de hospitales, 20% a asistencia primaria y el 10% restante a la gestión del sistema. El Ministerio de Salud y Desarrollo Social regula y controla a los establecimientos, públicos y privados, que presten servicios de salud, para lo cual ha diseñado mecanismos de registro, habilitación y clasificación. Actualmente se discute en la Asamblea Nacional, la creación de un organismo responsable de la acreditación de los establecimientos prestadores de los servicios de salud. El Sistema Nacional de Información en Salud recolecta y analiza la información sobre epidemiología, programas y servicios de salud, costos y gastos.

En 1999 la razón de médicos por 10.000 habitantes se situó en 19,7 mientras que para las enfermeras fue de 7,9. Del total de médicos del país, el 46,8% estaban trabajando a tiempo completo o parcial en el subsector público (Ministerio de Salud y Desarrollo Social e IVSS); no se tiene información de aquellos que trabajan en otras instituciones públicas, pero se calcula que podría llegar a un 60% del mercado laboral. Para 1998, el 50,5% de los médicos registrados eran especialistas y el 49,5% restantes médicos generales. No obstante, la distribución de éstos en los estados, evidencia la inequidad del sistema, ya que el 55% de los médicos trabajan en los 5 estados con mayor ingreso per cápita. La mayoría de las áreas de desarrollo de los recursos humanos en salud y desarrollo social necesitan ser reforzadas en el país, en particular el sistema de información y la definición de una política integral de recursos humanos, coherente con la política de salud.

 

El Ministerio de Salud y Desarrollo Social regula y fiscaliza todo lo relacionado con la gestión del medicamento, desde su fabricación hasta su uso en pacientes. La oferta nacional está atendida por productores locales e importadores. La producción nacional ha decrecido de 95 % en 1995 a 45% en el 2000, lo cual podría estar relacionado con el proceso de globalización. El gasto total de medicamentos se ha incrementado en lo últimos años, pasando de US$ 1.200 millones para 1998 a US$ 1.600 millones en el 2000; sin embargo, el acceso, indirectamente referido por un indicador de consumo como lo es el número de unidades per capita, ha disminuido, pasando de 18 unidades per cápita en 1977 a 13 en 2000.) Del gasto total en medicamentos, en el 2000, el 34% (US$ 547 Millones) corresponde al sector público. El 15,2 % del gasto en salud, ejecutado a través del IVSS y del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, está dedicado a la adquisición de medicamentos. El Ministerio de Salud y Desarrollo Social elabora un documento sobre Política Nacional de Medicamentos, fundamentado principalmente en el aseguramiento del acceso a los medicamentos esenciales.

 

Enfermedades.

 

En 1999, las tasas de mortalidad, por los seis grandes grupos de causas, ubican en primer lugar a las enfermedades del aparato circulatorio (131,1 por 100,000 habitantes), las neoplasias malignas (62,8 por 100.000 habitantes), las causas externas (55,2 por 100.000 habitantes), las enfermedades transmisibles (26,6 por 100.000 habitantes) y ciertas afecciones originadas en el período perinatal (22,4 por 100.000 habitantes). El análisis de la mortalidad según los años potenciales de vida perdidos (APVP) para 1999, sitúa en primer lugar a los accidentes de todo tipo (15,8%), seguido por las neoplasias malignas (8,1%), los suicidios y homicidios (6,8%) y las enfermedades del corazón (5,1%). Las enfermedades crónicas y los accidentes ocupan las tres primeras causas de mortalidad, aunque se mantiene la problemática de las enfermedades transmisibles.

 

Los síntomas y signos mal definidos representaron el 1,4% del total de muertes registradas en 1999, porcentaje ligeramente inferior al 1,5% de 1995. En el período 1990-97 el subregistro estimado en la mortalidad fue de 2.4%. El subregistro de la morbilidad es aún mayor y varía de acuerdo con los diferentes eventos. Las enfermedades transmisibles en 1999 contribuyeron en el 6,3% de la mortalidad por todas las causas, con mayor peso en los menores de 5 años (30%). Para las enfermedades, en particular las crónicas, se desconoce la magnitud de los factores de riesgo comunes, que permitan intervenciones integrales más eficientes. El avance en la comprensión y adecuación de las nuevas políticas y estrategias de intervención en salud deberán propiciar la vigilancia, prevención, control y eliminación de las enfermedades de manera integral en todos los niveles, con énfasis en el nivel municipal.