Impacto del globalismo en América latina
Los países latinoamericanos aún soportan la pesada carga de las injusticias heredadas por siglos de explotación colonial y posteriormente por la expoliación neocolonial. Los latinoamericanos y venezolanos son producto de la mixtura étnica y de sistemas de organización social con bases de producción, al principio colectivista, luego esclavista, feudal y en los tiempos modernos capitalista; con esta influencia se ha conformado la identidad latinoamericana, la cual refiere Dieterich parte de dos categorías centrales: la violencia y el trabajo. En lo que respecta a la violencia, porque es el desenvolvimiento de la dialéctica del amo y esclavo, así como de la represión y emancipación y en cuanto al trabajo, porque es la dialéctica de la producción y expropiación a través de los siglos, lo que forma y deforma la identidad del latinoamericano (Dieterich, 2000).
América Latina es considerada la región más desigual en el mundo, característica que se ha acrecentado bajo el terrorismo social de los neoliberales. En relación a la situación laboral, la región está sumergida en su peor crisis histórica, con un 65% de la población económicamente activa en desempleo y subempleo y en consecuencia en situación de pobreza o extrema pobreza. De las promesas de crecimiento y bienestar del modelo neoliberal, solo ha quedado una región en profunda crisis económica, social, cultural y política (Dieterich, 2000).
La irrupción de la mundialización del capital como proceso autoritario, hegemónico, que busca ser una alternativa única frente a los fracasos y crisis del Estado de Bienestar, se inicia en América Latina en los años sesenta y su aparición en el escenario latinoamericano se sustenta en las dictadura militares y en gobiernos francamente autoritarios. Es así como, la garantía de los derechos ciudadanos a la salud, educación, trabajo y otros dentro del marco de un contrato universal de ciudadanía en un Estado democrático, comienza a diluirse. En este periodo, comenzaron los grandes endeudamientos externos que amarraron las economías a los capitales extranjeros y se redujo la capacidad nacional debido al desmantelamiento de la industria propia. Luego vino la década de los ochenta llamada “la década perdida”, cuando se implementaron los ajustes estructurales, que devastaron los indicadores sociales, de esta manera se desmontaron las estructuras nacionales de servicios públicas en muchos países y el Estado fue ocupado por una ideología tecnocrática. En los años noventa, el proceso se hizo aún más radical con el advenimiento del proceso de internacionalización y transnacionalización de las economías latinoamericanas. Se reafirma entonces, que la mundialización del capital hoy no permite el desarrollo social y lo que produce en escala industrial es la exclusión, pobreza y la inequidad (De Negri, 2006).
En América Latina para esta época, se liberalizaron los mercados, desregularizaron la economía y privatizaron las empresas públicas, con lo cual se integró a la economía global, aunque de manera desigual y en consecuencia los niveles de pobreza, desempleo y desigualdad han aumentado en la última década. Asimismo, se han provocado grandes desequilibrios territoriales, con concentración de la población en áreas urbanas y depredación constante del ambiente, todo lo cual genera un clima de inestabilidad y falta de gobernabilidad (Granda, 2006).
Según las últimas estimaciones realizadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el 2005 el 39, 8% de la población de América Latina y el Caribe vivía en condiciones de pobreza, (209 millones de personas) y un 15, 4% de la población (81 millones de personas) vivía en pobreza extrema o la indigencia. A pesar que en los últimos años ha habido una mejor distribución del ingreso, la región sigue siendo la más desigual en el mundo. En cuanto al consumo de agua potable y manejo de excretas y aguas residuales corresponden a un 91 y 77% respectivamente, siendo el déficit más alto en zonas rurales; el proceso de urbanización se ha extendido en todos los países en forma no planificada, fenómeno que está asociado a la adopción de patrones de consumo y estilos de vida no saludables, al deterioro de las redes sociales de apoyo y un incremento en los traumatismos y violencia. Se reconoce además, el deterioro creciente del ambiente como resultado de la contaminación del aire, agua y suelos (OPS, 2008).
Otros indicadores reflejan la dramática situación de América Latina, la mitad del PIB es apropiado por el 15% más rico de la población, la otra mitad debe repartirse con el 85% restante. Mueren 2000 niños diariamente, la mortalidad materna es cinco veces mayor a la de los países desarrollados, y ocurren más de dos sexta parte de los niños acuden al preescolar, y la mitad de los que ingresan en la educación básica desertan antes de completar el quinto grado; el promedio de años de escolaridad es de cinco años (Sistema de las Naciones Unidas en Venezuela, 2004).
Políticas públicas de Salud en Venezuela a partir de 1999
Producto de la implementación de políticas económicas prescritas desde los centros capitalistas mundiales, por parte de los gobiernos que dirigieron el estado venezolano a través de un sistema democrático de forma y no de contenido, se produjo un deterioro acentuado y progresivo de las condiciones de vida de la mayoría de los venezolanos. Es por ello que paradójicamente, a pesar de contar el país con inmensos recursos naturales y cuantiosos ingresos financieros, provenientes fundamentalmente de la renta petrolera, la pobreza de la población creció y por ende se profundizaron cada vez más las brechas de inequidades sociales.
El sistema público de salud heredado por el gobierno bolivariano se caracterizaba por: desinversión social, privatización directa e indirecta, relación salud-mercado, modelo curativista de atención, crecimiento de establecimientos privados, deterioro de la infraestructura pública, ausencia de mantenimiento preventivo, organización del trabajo para satisfacer gremios y sindicatos, desarticulación y fragmentación del sistema de salud, abandono del protocolos de diagnóstico y tratamiento, abandono de la atención de primer nivel, salarios poco atractivos (OPS, 2006).
Estas y otras deficiencias se fueron acumulando a lo largo de los años, y expresan la consecuencia de la implementación de las políticas neoliberales que apostaban por la desinversión en los sectores sociales del país y que significaron el desmantelamiento de los servicios públicos. La inversión pública en los servicios de salud se fue deteriorando a partir de los años sesenta, lo que afectó la implementación de programas de prevención y atención a los problemas prioritarios de salud de la población rural y de las poblaciones urbanas marginales cada vez más numerosas (OPS, 2006).
Con el advenimiento del presidente Hugo Chávez al poder en 1999, el proceso de reforma neoliberal que se estaba imponiendo en el país desde el gobierno de Carlos Andrés Pérez se detuvo, las llamadas leyes Caldera que promovían la privatización del sector salud como en el caso colombiano fueron revertidas. Con la aprobación a través de un proceso constituyente de la nueva carta magna, se opuso a la concepción de la salud como producto del mercado, la concepción de esta como derecho social fundamental vinculado al derecho a la vida (Armada, 2001). Esta concepción de la salud fue blindada con los principios establecidos en la Constitución Nacional referidos a la gratuidad, universalidad, integralidad equidad, integración social y solidaridad (Constitución Nacional, 1999).
En Septiembre del año 2000, en el marco de la cumbre del milenio realizada en Nueva Cork, Venezuela suscribió el compromiso denominado Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), los cuales son: erradicación de la pobreza, universalidad de la educación básica, promoción de la equidad de género y autonomía de la mujer, reducción de la mortalidad infantil, reducción de la mortalidad materna, combate del VIH-SIDA, malaria y otras enfermedades endémicas, asegurar la sostenibilidad ambiental, promoción de la asociación global para el desarrollo. (Sistema de las Naciones Unidas en Venezuela, 2004).
El Estado venezolano definido en la Constitución Bolivariana como un Estado social de derecho y de justicia, marcó distancia con el tobogán neoliberal en el cual se deslizaban los gobiernos de la llamada cuarta república y comenzó a implementar políticas públicas guiadas por el principio ético y político de la inclusión social para la superación de las profundas inequidades heredadas. El gobierno se propuso la implementación de diversas misiones sociales, las cuales fueron diseñadas en algunos casos para franquear el pesado aparato burocrático de los ministerios y así facilitar su ejecución. Cabe destacar como emblemáticas, las misiones Barrio Adentro en el sector salud y las misiones Robinson, Rivas y Sucre en el sector educativo.