• Todas las poblaciones contienen grupos vulnerables y particularmente expuestos a la enfermedad o trastorno mental o emocional. Los miembros de estos grupos exigen una atención preventiva, y también terapéutica, particular, al igual que el cuidado en la protección de su salud y de sus derechos humanos.

• La colaboración intersectorial es esencial para proteger los derechos humanos y legales de los individuos que están o han estado mental o emocionalmente enfermos o expuestos a los riesgos de una mala salud mental. Todas las autoridades públicas deben reconocer la obligación de responder a los problemas sociales ligados a la salud mental

• La responsabilidad pública incluirá la disponibilidad de servicios de salud mentales especializados, en la medida de lo posible dentro del contexto de una infraestructura de atención primaria, así como una educación pública referida a la salud y a la enfermedad mental y a los medios de que se dispone para contribuir a la primera y hacer frente a la segunda.


2. VISIÓN: DERECHOS HUMANOS (DDHH) Y TRATAMIENTOS PSIQUIÁTRICOS

El interés por el cumplimiento de los derechos del enfermo mental tiene dos funciones importantes. La primera, de carácter instrumental, por constituirse en el medio idóneo e indispensable para la eficaz ejecución de políticas, programas y acciones de salud pública, al igual que en la regulación de la actividad en la materia. La segunda, por el aporte sustantivo que compete al derecho en el plano de los principios y valores éticos que deben enmarcar las acciones de prevención, tratamiento y rehabilitación, que tengan lugar en el sistema reestructurado de atención psiquiátrica (González & Levav 1991). (22)

3. ANÁLISIS DE NOTICIAS EN PRENSA

Hoy día, aun existe lo que comúnmente se conoce como “alarma social”, es decir, existe un notorio rechazo social al enfermo mental, máxime en el supuesto de aquellos enfermos mentales que cometen delitos y por ello se consideran peligrosos (“un loco anda suelto”) y la opinión pública cree unánimemente que los enfermos mentales deben estar encerrados si han cometido un hecho delictivo, considerándolos más delincuentes que pacientes. (20)

Así, una parte esencial del estigma y la discriminación hacia estas personas, surge de la atribución al enfermo mental de una propensión a la violencia (hecho al que contribuyen en gran medida algunos medios de comunicación con sus reportajes sensacionalistas). (13)

NOTA: Observar a este respecto, el anexo nº 20 sobre “La necesidad de los psiquiátricos” de Ángeles Caso. (17)

Con todo, la realidad es que, en general, los actos violentos graves cometidos por personas con trastornos mentales importantes, aparecen concentrados en una pequeña fracción del número total de pacientes, especialmente con problemas sobreañadidos de abuso de alcohol y tóxicos. Es más frecuente, sin embargo, que sean víctimas de la misma, hasta el punto de que según estudios recientes, la frecuencia en que los enfermos mentales sufren actos violentos o delictivos, multiplica por 14 la tasa de la población general (Teplin, 2005). (13)

Así, según los datos derivados del Estudio sobre Salud Mental en el Medio Penitenciario, publicado en diciembre de 2006 por la entonces Dirección General de Instituciones Penitenciarias, es cierto que actualmente existe en el medio penitenciario una cruda realidad: la población reclusa presenta una elevada tasa de patología mental. (19)

Este hecho coincide con la progresiva crisis social y económica, pero también con el fenómeno de la desinstitucionalización, es decir, todo esto es debido a que más de veinte años después de la reforma psiquiátrica que modificó la concepción “asilar” tradicional, la red sanitaria carece de dispositivos suficientes para la prevención, detección, tratamiento y seguimiento adecuado de las enfermedades mentales, y dado que las unidades de agudos de los centros hospitalarios no pueden asumir funciones residenciales, los Centros Penitenciarios son actualmente la alternativa a la inexistencia de centros socio-sanitarios asistenciales no penitenciarios. (20)

Por tanto, es necesario resaltar que ese incremento de delitos menores, por parte de enfermos mentales que viven en la comunidad, no depende de la enfermedad en sí, sino de sus condiciones de vida, ya que la posibilidad de que estas personas cometan un delito, no difiere de la de los sujetos considerados normales, porque cualquier enfermo mental es, ante todo, una persona, incluida en un contexto concreto y con una historia concreta, de la que la enfermedad no es sino una parte, aunque la condicione a menudo tan negativamente. (19)

Por otro lado, las campañas públicas para modificar los prejuicios en la población general hacia estos pacientes, se han llevado a cabo con resultados pobres e incluso con algunos efectos negativos. (Aumentar el conocimiento personal de los pacientes, hace que las percepciones de éstos sean más realistas, pero no necesariamente más favorables). (12)

Por todo ello, la mejor manera de afrontar esta situación, no pasa por establecer formatos de asistencia crecientemente coercitivos, sino por trabajar para eliminar la estigmatización y la discriminación, evitar la marginalidad, desarrollar servicios asistenciales accesibles y volcados en mantener el contacto con los pacientes, así como de ofrecer intervenciones de calidad acordes con la evidencia científica (Crisp, 2000; Crisp, 2001; Byrne, 2001). (13)

4. PRINCIPALES CONCLUSIONES / NECESIDADES INMEDIATAS-URGENTES :

De los diversos estudios realizados sobre la capacidad para consentir tratamiento en pacientes con alguna discapacidad intelectual o alteración psíquica (“Capacidad para consentir tratamiento en pacientes maniacos agudos” (15) y “Capacidad y ensayos clínicos en la discapacidad intelectual” (16)), se deduce que las personas con menos deficiencia, participantes en dichos estudios, obtuvieron un porcentaje más alto de capacidad de consentimiento que aquellos que tenían una deficiencia mayor, y se caracterizaban por un mayor nivel de inteligencia, menor intensidad sintomática, y por contar, entre sus antecedentes, con más episodios depresivos. Ahora bien, la mayor parte de los participantes con retraso mental, pudieron tomar una decisión en torno a su participación en el ensayo, y muchos entendieron los métodos del mismo, así como las consecuencias de su participación. Los autores proponen que se considere elaborar modelos de información adaptados a los déficits de lenguaje, memoria y atención de las personas afectadas, de manera que puedan participar activamente en el consentimiento.

Respecto al porcentaje de autoridad de actos violentos cometidos por personas con enfermedades mentales severas, podemos decir que la revisión de la bibliografía ofrece resultados contradictorios.(…) Por un lado, se dice que la prevalencia de conducta violenta entre personas con enfermedad mental grave en la comunidad, no difiere de la de la población general de similares características, en pacientes asintomáticos que no consumen drogas. (Steadman 1998). Por otra parte, existen estudios que correlacionan negativamente el riesgo de violencia con el diagnostico de esquizofrenia y síntomas psicóticos activos. (Monahan 2000). Asimismo, se ha señalado que el consumo de tóxicos es la variable clínica más clara y consistentemente relacionada con el riesgo de conducta violenta (Norko 2005). De hecho, el abuso de sustancias multiplica por 16 el riesgo de ser detenido y condenado por conducta violenta en las personas diagnosticadas de esquizofrenia (Wallace 2004). (12)


Por otro lado, las necesidades inmediatas y urgentes para paliar las deficiencias en el tratamiento de los enfermos mentales en el medio penitenciario serían, por tanto, las siguientes: (20)

- El desarrollo urgente del PAIEM en todos los Centros Penitenciarios, para que cumpla realmente los objetivos para los que se planteó: el diagnostico y tratamiento de todos los internos que sufren algún tipo de trastorno mental, la mejora de su calidad de vida, aumentando su autonomía personal y su adaptación al entorno y optimizar su reincorporación social y la derivación adecuada a un recurso socio-sanitario comunitario.

- La preparación asistencial del personal penitenciario.

- La existencia de Psiquiatras Penitenciarios ó de una notabilísima mayor asistencia a los internos por los especialistas de psiquiatría de los Hospitales de referencia.

- La creación de equipos multidisciplinares de apoyo a los órganos judiciales, que permitan detectar todos los supuestos de personas con patología mental que son juzgadas así como la aplicación de la pena o medida terapéutica más adecuada a cada caso.

- Y, fundamentalmente, la ayuda del sistema socio-sanitario: para evitar por un lado, los ingresos injustificados e innecesarios de enfermos mentales en los Establecimientos Penitenciarios (tanto psiquiátricos como ordinarios) y por otro, que la estancia en éstos se prolongue más allá de lo indicado según criterios médicos ó que, una vez extinguida la medida/pena, queden abandonados a su suerte.

En resumen, podríamos decir que sería conveniente que aquellos países que aún no tienen reglamentos ni leyes que protegen los Derechos Humanos (DDHH) de aquellas personas diagnosticadas de enfermedad mental, se dictasen estos documentos con el fin de que estas personas no sean internadas en centros psiquiátricos en contra de su voluntad, ni reciban tratamientos inhumanos amparándose en la inexistencia de estos documentos legales.

Otra necesidad urgente consiste en erradicar esa conducta negativa de la sociedad, que lleva a muchas personas a discriminar social y laboralmente al paciente psiquiátrico o a su familia. Para ello, es muy importante, que los grandes medios de comunicación (como la TV o Internet), difundan una información verídica de los acontecimientos ocurridos en relación a este tipo de pacientes.