En el 1972, se redacta la primera Carta de Derechos del Paciente que implicaba cuatro derechos importantes: todo el mundo tiene derecho a la vida, a la atención de la salud, a la información sobre su condición de salud y a una muerte digna. Este concepto fue acogido en todos los países del mundo. (14).

En 1978 vería la luz la primera enciclopedia de Bioética, que aportaba una masa crítica de teoría que posibilitaría alcanzar metas más concretas. El primer resultado práctico en todo este proceso, sería fruto del trabajo de la “Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y de la Conducta” establecida por el Congreso Estadounidense, producto de la revelación de graves faltas éticas en la realización de experimentos médicos con seres humanos, ya antes expuestos. Esta comisión desarrolló planteamientos éticos en la investigación con humanos. A partir de este momento, los referidos principios serían tomados como base para la construcción del discurso bioético anglosajón. (14).

Así, la publicación en 1979 del libro “Principles of Biomedical Ethics”, de Tom L. Beauchamp y James F. Childress, constituyó el primer esfuerzo por extender los principios enunciados en el Informe de Belmont de 1977. El Informe Belmont, basado en las normas establecidas por el Código de Nüremberg propone un método de criticar, formular e interpretar aspectos éticos de la investigación científica, basado en tres principios fundamentales:

– Respeto por las personas = Los individuos deberán ser tratados como entes autónomos, con respeto y ser objeto de protección si su autonomía está disminuida. Implica el requerimiento del consentimiento informado.
.
– Beneficencia = Hacer el bien, no hacer daño, extremar los posibles beneficios y minimizar los posibles riesgos para los sujetos participantes.

– Justicia = Imparcialidad en la distribución de los riesgos y beneficios, en la selección de sujetos, asignación y distribución de recursos de salud. Usar procedimientos razonables y bien administrados.

El informe además, establece el requerimiento del consentimiento informado para el sujeto de investigación. Este no es sólo un documento para ser firmado. Constituye un proceso educativo entre el investigador y el participante de una investigación. Los elementos básicos son:

 Información detallada y sencilla de la naturaleza de la investigación y de la participación del sujeto
 Corroborar la comprensión adecuada por parte del sujeto potencial
 Participación voluntaria, sin coerción, puede terminarla en cualquier momento sin penalidad en los servicios recibidos
 Asegurar la confidencialidad del participante.

Tal fue la aceptación y popularidad en los medios académicos y científicos de esta propuesta teórica, que la misma se ha identificado erróneamente como el único o principal sustento teórico de la Bioética, contribuyendo decisivamente con ello al proceso de medicalización de la disciplina, lo que significó un franco reduccionismo en relación con la ideas de su creador, Potter, quien la concibió como una ética ambientalista orientada a lograr una cultura de la supervivencia de largo alcance.

En el Belmont Report llevado a la práctica clínica: el principio de “respeto por las personas” fue transformado en principio de “respeto por su autonomía” y se asumió la consideración de los principios de “beneficencia” y “no maleficencia”, como principios independientes. De este modo, Beneficencia, No maleficencia, Autonomía y Justicia, se convirtieron en los principios con arreglo a los cuales se abordarían los dilemas éticos en salud.

Como apreciamos, con esta obra había nacido la Bioética Médica, o más exactamente, su primera escuela - la anglosajona -, llamada a influir significativamente en todo su desarrollo ulterior. (14) (34).

A pesar de que el proceso de fiscalización de la investigación científica había tenido evidente trascendencia y real impacto en la comunidad científica internacional, existían diferentes estándares para considerar el bienestar y los riesgos de los individuos y comunidades sujetas a investigaciones científicas, ya bien residan estas en el centro o la periferia de la economía mundial (14).

A fines de la década de los 70, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo para la Organización Internacional de Ciencias Médicas (CIOMS) evaluaron el Código de Nüremberg y la Declaración de Helsinki y la situación de desvalidamiento normativo que acusaban los países subdesarrollados, hacia donde se habían trasladado la mayoría de los ensayos clínicos potencialmente conflictivos desde el punto de vista ético Fue así que se elaboró una propuesta de Normas Éticas Internacionales para las Investigaciones Biomédicas en Sujetos Humanos, que tras un largo proceso de divulgación, análisis y aplicación en más de 150 países fueron reelaboradas y presentadas en Ginebra en 1992 y aprobada definitivamente en 1993 por el Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Sanitarias de la OMS y por el Comité Ejecutivo del CIOMS.(14) (35).

Parecería que después de ese trabajo, no existirían divergencias sobre el bienestar de los sujetos de investigación, sin embargo estas expectativas fueron rotas por el debate ético que surgió con el ensayo clínico promovido por los EUA en países subdesarrollados a fin de probar la supuesta efectividad de un tratamiento reducido con AZT para evitar la supuesta transmisión vertical del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). En este estudio hubo muchos problemas éticos, pero lo fundamental evidencio la existencia en la práctica de un solapado doble estándar para considerar el bienestar de los sujetos social y económicamente diferentes. (14).

Un importante paso después de esto fue la Conferencia Internacional de Armonización, que en 1996 elaboró las llamadas Normas ICH, cuyo objetivo es proveer de un estándar unificado para todos los países y fue refrendada por la OMS, constituyendo un paso decisivo para su internacionalización.(14).

Si en los primeros años, el impacto de la bioética médica en la arena internacional se expresó en la elaboración de normas éticas relacionadas con la aplicación de nuevas tecnologías, y en la promulgación de los derechos del paciente, en los años posteriores, éste se extendería al área de salud pública.

Por su parte, el Programa Regional de Bioética para América Latina y el Caribe incluye entre sus funciones, la de relacionar la Bioética con la Salud Pública para mejorar, actualizar y profundizar los procesos de generación de las políticas con especial referencia al concepto de equidad. Algo después, en 1997, el Convenio Europeo de Bioética se pronuncia por el acceso equitativo a la asistencia sanitaria y sobre otros temas, entre ellos el del genoma humano, desde una perspectiva poblacional. Por último, la OMS en su “Informe sobre la salud en el mundo”, del año 2000, no obstante formulaciones de orientación neoliberal en él contenidas, propone tres criterios de justicia distributiva (de un total de cinco) para evaluar el desempeño de los sistemas de salud y, un cuarto, dirigido a evaluar la capacidad de respuesta del sistema a las expectativas de la población con relación al trato que debería recibir de los proveedores de servicios sanitarios. (14).

En el año 1999 en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el Siglo XXI: Un Nuevo Compromiso, celebrada en Budapest (Hungría) y conocida como Conferencia de Budapest se plantea que los países y los científicos del mundo deben tener conciencia de la necesidad apremiante de utilizar responsablemente el saber de todos los campos de la ciencia para satisfacer las necesidades y aspiraciones del ser humano sin emplearlo de manera incorrecta y hay que recabar la colaboración activa de todos los campos del quehacer científico, a saber, las ciencias naturales, como las ciencias físicas, biológicas y de la tierra, las ciencias biomédicas y de la ingeniería y las ciencias sociales y humanas. Así mismo se proclamó que la ciencia tenía que estar al servicio del conocimiento, del progreso, de la paz, del desarrollo, en la sociedad y para la sociedad. Se consideró que el documento de la Conferencia Programa en pro de la Ciencia: Marco General de Acción plasma un nuevo compromiso con la ciencia y puede servir de guía estratégica para establecer relaciones de cooperación en el seno del sistema de las Naciones Unidas y entre todos los interesados en la actividad científica durante los años venideros.(36).

En la Reunión Regional de Consulta de América Latina y el Caribe (1999) se elaboró la Declaración de Santo Domingo, donde se analizo que la región de América Latina y el Caribe enfrenta la imperiosa necesidad de avanzar en su proceso de desarrollo económico y social sustentable y en ese proceso la ciencia, la tecnología y la innovación deben contribuir a elevar la calidad de vida de la población; acrecentar el nivel educativo y cultural de la población; propiciar genuino cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales; crear más oportunidades para el empleo y la calificación de los recursos humanos; aumentar la competitividad de la economía, y disminuir los desequilibrios regionales. Para ello se requiere un nuevo compromiso de colaboración entre el sector público, las empresas productoras de bienes y servicios, diversos actores sociales y la cooperación científica y tecnológica internacional Un uso responsable de la ciencia y la tecnología puede revertir estas tendencias. Ello requiere de un esfuerzo conjunto genuino entre aquellos que poseen la mayor capacidad en ciencia y tecnología y aquellos que enfrentan los problemas de la pobreza y la exclusión social. En síntesis, un nuevo compromiso (contrato) social de la ciencia debería basarse en la erradicación de la pobreza, la armonía con la naturaleza y el desarrollo sustentable. (37).

En octubre del 2005, se desarrolla la Declaración de Derechos Humanos y Bioética, uno de los documentos internacionales más importantes en el tema, con la participación de representación de muchos países del mundo, incluyendo a la América Latina. Tal documento, definió la agenda bioética del Siglo XXI. Además de los temas biomédicos y biotecnológicos que naturalmente ya formaban parte del ámbito de la bioética, la Declaración pasó a incorporar también, y con igual importancia, los temas sociales, sanitarios y ambientales. O sea, la nueva agenda adquirió el perfil epistemológico defendido por los países periféricos, asumiendo más visibilidad política en el mundo contemporáneo (14).