Otra limitación del estudio, consiste en la imposibilidad de controlar el grado de implicación que pueden tener los profesionales sanitarios, así como, el tiempo del que disponen, y la motivación que tienen para cumplimentar los cuestionarios. A pesar de las medidas de control, anteriormente mencionadas, el sesgo de “deseabilidad social” puede haber influido en los resultados obtenidos.

Sería conveniente repetir este mismo estudio con muestras distintas y comparar resultados; así como repetirlo en otros contextos y situaciones, como puede ser en Atención Especializada o en Urgencias, para de esta forma ver cómo influye el contexto en los resultados.

Del párrafo anterior se desprenden dos posibles nuevos estudios.

También sería interesante valorar la situación actual del Consentimiento Informado, desde el punto de vista de los directivos de Servicios de Salud, Facultades, Escuelas, Colegios y Asociaciones de Profesionales.

En la actualidad, en nuestro país, se dispone de un marco teórico muy amplio, desde el punto de vista ético jurídico, pero son unos conocimientos que no llegan a los profesionales. Por mucho que se avance en teorías, fundamentos, principios éticos y normativa sobre el Consentimiento Informado, si esto no llega al profesional que trata al paciente, será un trabajo en balde.

Se deberían replantear las políticas sanitarias actuales, más basadas en medir y mejorar la cantidad, que en la mejora de la calidad del Consentimiento Informado. Los gestores sanitarios deben comprometerse con este cambio para conseguir la participación de los profesionales y poder revertir en los pacientes todos los beneficios que ello conllevaría.

Tabla 1. Conflictos ético-jurídicos y dificultades para su resolución.