La lucha contra estos cultivos siempre se ha asociado a una conducta prohibitiva y medidas represivas contra la población civil y el campesino, sin atender sus propias necesidades y problemas (18). Conducta esta que va en contravía de los objetivos que se persiguen, porque las condiciones represivas del Estado le hace perder legitimidad política a las instituciones, por cuanto induce a la destrucción de hogares, al desplazamiento forzoso, la marginalidad económica, social y cultural. Todo este delineamiento carente de una planeación estratégica organizativa y futurista va marcando un acelerado empobrecimiento, al tiempo que propicia la acumulación de la propiedad rural en pocas manos. El Estado colombiano nunca ha explicado qué va a hacer con esos campesinos, ‘raspachines’ y con los desplazados (11).

Desde 1978, el control y erradicación de esos cultivos quedó bajo el mando de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), pero con la supervisión norteamericana que siempre exige la aspersión aérea (2). En 1980 pasaba el boom de la amapola, al tiempo que aumentaban los cultivos de coca, por lo que se introdujo el Tebuthiuron y el Imazapyr (6). En 1995 se presentó una polémica entre los defensores de las aspersiones y sus contradictores: organizaciones científicas, académicas y ambientales, por lo que el gobierno decidió suspenderlas temporalmente, mientras preparaba su Plan de Manejo Ambiental. En 1997 se buscó detectar los cultivos, que se desplazaban con gran movilidad, por el Sistema Integral de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), que ya en el 2001 cubría todo el territorio nacional, identificando los cultivos de coca y amapola usando imágenes satelitales y fotografías aéreas.

En Agosto de 1998, recién posesionado, el presidente Pastrana se reúne con el presidente Clinton para dar nacimiento al Plan Colombia y con ello afianzar la lucha antinarcótica. Claro que este veía las cosas con una visión más compleja en la que incluía la protección de los Derechos humanos, la inversión privada y la ayuda militar. Después de largas y tediosas discusiones, ya en el gobierno de Uribe, se elaboró un primer borrador en inglés. Lo cierto fue que al final, el texto en español fue completamente diferente al original en inglés. Se asignó un presupuesto de US$7.500.000.000 por etapas. En él, el 68% de la ayuda de USA estaba dirigida a la esfera militar, en la guerra antisubversiva y contra las drogas. Ya en el 2001, el presidente Bush había asignado a Colombia US$380.000.000 para el programa antinarcóticos.

En el 2004 desembolsa otros US$463.000.000, helicópteros y aviones, y se incrementan los asesores militares a 800 más 600 “contratistas”. El Plan Colombia fue motivo de controversias con ONG, académicos y ambientalistas. Pero la reacción se exacerba cuando visita al país, en 2001, el seño David Sand (7) proponiendo el uso del FO y el gobierno anuncia la reanudación de las fumigaciones suspendidas temporalmente. En esos momentos los gobernadores de los departamentos del sur se dirigen a Bogotá para entrevistarse con el presidente. Pero se les dijo, por parte de éste y la embajadora Anne Patterson, que las fumigaciones iban porque ello hacía parte del Plan Colombia. Había nacido la era de la simbiosis de la guerra química con la guerra biológica, con destrucción de las cosechas de pancoger, trayendo más miseria a los campesinos y la eliminación del cogollo de la palma africana.

En lo que respecta a la salud nadie logra despejar las dudas de hechos concretos y todo se resuelve con jornadas carnestoléndicas y Tv a bordo en todo el territorio nacional varias veces al año para intervenir quirúrgicamente cientos de pacientes con labio y paladar hendido. Y todo continúa sin explicación y sin un estudio epidemiológico, de algo que ya la población tiene focalizada la causa, pero que ignora el mecanismo, por lo que pide solución preventiva. Pero siempre se impone la voluntad de los mercaderes de la muerte, los criminales dispensadores de esos agrotóxicos que llevan la bendición divina del libre comercio. De esa manera, con una mano por encima de la mesa esgrimen el ‘arma’ contra los cultivos ‘ilícitos’, el narcotráfico y su corrupción, y por debajo de esa mesa, con la otra reciben los emolumentos de la venta de los mismos, al tiempo que retroalimentan el narcocultivo. Es este el doble rostro de Jano.

El tema es, en realidad, complejo, por cuanto tras él se intrincan poderosos intereses económicos y políticos, no resultando fácil ver con claridad los efectos tóxicos y sus consecuencias en el hombre, como sí lo es en el ambiente. Con ello se logra confundir a la población. Los herbicidas no se absorben por la piel sino por las mucosas respiratorias y digestivas, a través del aire, el agua y el alimento (verduras, arroz, frutas, leche, etc). De esa manera, todos estamos expuestos permanentemente. Estos tóxicos, salvo intento de suicidio, no ocasionan lesión clínica aguda, con mucho, alguna alergia o irritación de los ojos sin gravedad alguna. Es por ello por lo que los consideran “inocuos”.

CONCLUSIONES.

Teniendo en cuenta lo expuesto sobre la destrucción ambiental y el envenenamiento de la población con las consecuencias ambientales, sociales y la salud humana, nos permitimos proponer lo siguiente para alcanzar una paz con desarrollo sostenible:

1- Recuperar la soberanía política y económica.
2- Garantizar la salud, la educación y la seguridad alimentaria
3- Control estatal de las semillas e insumos agrotóxicos.
4- Devolución de las tierras a sus verdaderos propietarios.
5- Rechazar las semillas transgénicas por propiciar la contaminación y la dependencia alimentaria.
6- Suspender las aspersiones aéreas con herbicidas e implementar la erradicación manual.
7- Desarrollar los medios orgánicos sustitutivos de los agrotóxicos.
8- Sustituir los cultivos ‘ilícitos’, establecer vías de comunicación, luz eléctrica, salud, educación, centros de acopio, asistencia técnica, etc.
9- Corregir la desigual tenencia de la tierra cambiando la estructura organizativa de esta.
10- Creación de granjas cooperativas y establecer créditos, mercadeo y comercialización etc.
11- Propender por la legalización de la droga como un mal menor.
12- Resolver y superar las causas del conflicto social interno.

BIBLIOGRAFÍA

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2- Eslava, P. et al. –Sobre los efectos del glifosato y sus mezclas: impacto en peces. Universidad de los Llanos. Villavicencio, Colombia, 2007.
3- Ministerio del Medio Ambiente. –Concepto técnico sobre riesgos ambientales del uso del herbicida Tebuthiuron en la erradicación de cultivos ilícitos. Ambiente y paz, 184, 1998. Col.
4- Alibhai, M.F. and Stallings, W.C. –Closing down on Glyphosate inhibition –with a new structure for drug discovery. PNAS. 8: 2944-2946, 2001.
5- BINLFA. –Report on issues related to the aerial erradication of illicit coca in Colombia. Released by the Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affers. 2002.
6- Nivia, E. -Impactos ambientales y sociales de la guerra química contra los cultivos ilícitos.
Ambiente para la paz, 185-187, 1998. Colombia.
7- El Espectador (diario). 15 Oct. 2000.
8- Nosanchuk, J.D. et al. –Glyphosate inhibits melanization of Crptococcus neoformans and prologs survival of mice after systemic infection. J. Infect. Dis. 183: 1093-1099.
9- Altamar Ríos, J. –Factores ambientales de riesgo y enfermedades no transmisibles. Revista electrónica de www.portalesmedicos.com Vol. VII, No. 4, 2012.
10- Altamar Ríos, J. –Los herbicidas y las malformaciones congénitas en el Meta, Colombia.
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11- Maya Ponce, E. –Sostenibilidad e ilícitos. Ambiente para la paz. 153-157, 1998. Colombia.
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13- De Ross, A.J. et al. –Cancer incidence among glyphosate-exposed pesticide aplicators in the
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14- Marc, J. et al. –A glyphosate-based pesticide impinges on transcription. Toxicol.Appl.
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